Firmas recomiendan mejorar los sistemas contra incendios
Varias constructoras de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del país no estarían cumpliendo adecuadamente la normativa mínima en Sistemas de Protección contra Incendios (SPI) debido a que lo consideran un costo innecesario, no un beneficio”, dijo Javier Sotelo, gerente de Osho Ingeniería, especializada en diseño de planos contra incendios.
El directivo indicó que el principal problema es que la protección contra incendios en Colombia se aplica como un requisito legal obligatorio dejando de lado el propósito real de la misma, que es salvaguardar a las personas y evitar la caída de las edificaciones.
Financieramente hablando, en un edificio donde un m2 cuesta $5’000.000, el SPI no debería superar el 4% del total de ese valor; es decir, no podría costar más de $200.000.
Sotelo comenta que, a pesar de no ser una variación significativa respecto al total del precio del terreno, las constructoras buscan disminuir este costo a través de la no implementación de rociadores automáticos, puertas cortafuego y detectores de humo.
“No se debería escatimar en ese 4%, es como si se comprara un vehículo sin sistema airbag, eso ya ni siquiera es discutible, es más, ya la ley no te lo permite”, afirmó.
En este sentido, Colombia aún dista de tener una normativa acorde a los requerimientos de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (Nfpa por sus siglas en inglés), organización de seguridad humana que crea y vigila las normas para la protección contra incendios en más de 80 países alrededor del mundo.
Teniendo en cuenta esta problemática, técnicamente la protección contra dicho riesgo no debería tener estratos. Pero, las VIS, cuyos valores no superan los 135 Smmlv, y las VIP, cuyo máximo precio es de 70 Smmlv, son los sectores más propensos a sufrir un posible incendio debido a que los espacios son más reducidos a comparación con viviendas de estratos altos.
Pero esta no es la única razón de esa desventaja en el sector vivienda.
En Colombia, a partir del 2010, fue sancionado el Reglamento de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) a través del Decreto 926 del 19 de marzo, en el cual fueron introducidas modificaciones en torno a la protección contra incendios que, hasta ese momento, nadie cumplía porque la conceptualización técnica “era muy pobre”.
Esta renovación de la norma, buscó que esa “estratificación” del sistema de protección se erradicara. A pesar de eso, según palabras de Sotelo, no fue posible eliminarla ya que las normativas tenían exigencias muy altas y costosas, y el gremio de los constructores, específicamente Camacol, dijo para ese momento, que con esa reglamentación el propósito, del entonces aspirante a la presidencia Juan Manuel Santos, de construir 1,5 millones de VIS y VIP, no se cumpliría a raíz de los altos costos de los sistemas pasivos (los relacionados con la estructura de la edificación).
De esta manera, el fortalecimiento de la ley de incendios obligaba a la inversión de más capital por parte de las constructoras y del Estado, lo que provocaría una baja en la meta en términos del número de casas que iban a ser construidas.
“La norma decía que los muros que separan los apartamentos ya no podían ser de 10 centímetros, sino de 15”, dijo Sotelo, explicando que si se multiplica el valor de todas las obras, el costo se saldría del rango estipulado para que una vivienda sea considerada VIP o VIP.
Por otro lado, cabe resaltar que en Bogotá y Medellín, el sector hotelero de gama alta y los centros comerciales con un área superior a los 4.000 m2 y con más de dos pisos, son los que están más preparados y protegidos con SPI. Además, las constructoras pueden acudir al comité asesor de la norma en caso de no tener claros los parámetros y aplicaciones de la misma en los proyectos que desarrollen.
Anderson Urrego J.
Fuente: Portafolio
